La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha calificado de «vergüenza» la ley anti-LGTBI de Hungría que, entre otras cosas, prohíbe hablar sobre homosexualidad en los colegios.
«Esta ley claramente discrimina contra personas por su orientación sexual. Va contra todos los valores fundamentales de la Unión Europea (UE)», ha declarado en una rueda de prensa.
Von der Leyen considera que la ley es contraria a valores como la dignidad humana, la igualdad y los derechos fundamentales, y advierte que la Unión Europea «no transigirá en estos principios».
Carta a las autoridades húngaras
Von der Leyen ha encargado a los comisarios responsables de estos asuntos que envíen una carta a las autoridades húngaras para expresar las «preocupaciones legales» por esta normativa.
«Creo en una UE donde seas libre para amar a quien quieras, que abrace la diversidad que es el cimiento de nuestros valores. Usaré todos los poderes de la Comisión para asegurar que se garantizan los derechos de todos los ciudadanos europeos, seas quien seas y vivas donde vivas», ha añadido la presidenta de la CE.
El Parlamento húngaro aprobó el pasado 15 de junio, con los votos del partido del primer ministro ultraderechista Viktor Orbán, una polémica normativa que, entre otros aspectos, prohíbe hablar sobre homosexualidad en los programas escolares.
Múnich quiere iluminar su estadio con la bandera LGTBI durante el Alemania-Hungría para protestar por las leyes homófobas del gobierno húngaro
Esas medidas se incluyeron dentro de un proyecto de ley contra la pedofilia, en el que se prohíbe exponer a menores de 18 años a pornografía y a cualquier contenido que fomente el cambio de sexo y la homosexualidad. Según la oposición progresista, colectivos de defensa de los derechos LGTBIQ y la prensa independiente, la ley aprobada es especialmente dañina porque equipara la homosexualidad con la pedofilia.
Trece estados miembros, entre ellos España, han firmado una declaración en la que condenan la normativa húngara y piden a la Comisión Europea que use «todas las herramientas» para garantizar el pleno respeto de los derechos de todos los ciudadanos en la UE.