Polonia declara inconstitucional la Convención europea de derechos humanos

Artículos relacionados

<img style='margin:0;padding:0...

<img style='margin:0;padding:0...

<img style='margin:0;padding:0...

<img style='margin:0;padding:0...

Compartir

El Tribunal Constitucional polaco ha dictaminado este miércoles que parte del Convenio Europeo de Derechos Humanos es incompatible con la constitución polaca, en un nuevo desafío a la justicia de la Unión Europea.

«Otro intento de injerencia externa e ilegal en el sistema polaco detenido por el Tribunal Constitucional», ha tuiteado el viceministro de Justicia polaco, Sebastian Kaleta, en referencia a una decisión del TEDH en la primavera sobre una controvertida reforma del sistema judicial polaco, acusado por Bruselas de socavar la independencia del poder judicial.

En otro mensaje posterior el viceministro ha celebrado que este miércoles sea «Un hermoso día para el estado de derecho y la soberanía polacos», gracias a la sentencia del Tribunal Constitucional.

El Ministerio de Justicia polaco había pedido a su Tribunal Constitucional que se pronunciara tras una sentencia del TEDH, en mayo, que cuestionaba la legalidad del nombramiento de los jueces de dicho Tribunal Constitucional.

Polonia sostiene que sus reformas judiciales son necesarias

Este nuevo desafío llega mes y medio después de que la justicia polaca retase a Bruselas y declarase parte del Tratado de Adhesión a la UE inconstitucional.  

La nueva sentencia viene apoyada por el gobierno nacionalista polaco del partido Ley y Justicia (Pis), que desde los últimos meses está provocando una serie de disputas con los estados miembros con medidas que van en contra de la política europea. Los nacionalistas polacos se han impulsado leyes que comprometen la independencia judicial, la libertad de prensa en los medios de comunicación o los derechos de la comunidad LGTBI en el país polaco.

La UE expedienta a Polonia por su deriva ‘antieuropea’

Por su parte el gobierno polaco sostiene que sus reformas judiciales son necesarias para combatir la corrupción entre los jueces, criticando la «injerencia» de Bruselas.

No obstante, la UE insiste en que estas reformas socavan la independencia del poder judicial, socavando el estado de derecho y, en última instancia, la democracia.